La Refinería del Norte S.A (REFINOR) y Conta S.R.L (subcontratista), en función de las obras de construcción de una nueva traza del gasoducto –ingresó en la comunidad en septiembre del 2004, avasallando su territorio, su derechos y forma de organización ancestrales, momento en el que la comunidad, luego de solicitarle infructuosamente a la empresa los estudios de impacto ambiental, comenzaron a transitar el camino judicial reclamando respeto y el reconocimiento a su pueblo, poseedor de una cultura ancestral, que reivindica a la tierra como elemento en el que gira su organización económica, social y cultural.

Caraparí se sitúa al norte de la provincia de Salta, en el Departamento General San Martín, localidad de Salvador Mazza-Aguaray, la cual limita en el extremo norte con la República de Bolivia. La comunidad indígena es no solo poseedora ancestral de sus tierras, sino que cuenta además con los títulos de propiedad. Su extensión cubre una superficie de 766 hectáreas, en la cual se hallan asentados unos 700 habitantes y está conformada por cuatro parajes: Madrejones, Yerba Buena, Playa Ancha y Caraparí. Sobre los márgenes del Río Caraparí e Itiyuro,

En la zona existen 7 pueblos indígenas y la mayoría de ellos por falta de voluntad política, no tienen los títulos de sus tierras, pero pese a que la comunidad Caraparí, los posee, esto no ha sido un elemento tenido en cuenta, a la hora de analizar el conflicto de la Comunidad y la empresa multinacional La pregunta que suena entonces entre los dirigentes de la zona es .¿Qué es posible de esperar para los pueblos y comunidades que tienen la posesión y no los títulos dominiales de sus tierras?

El conflicto comenzó en septiembre del 2004 cuando la empresa entró en territorio de la comunidad sin autorización para ingresar con sus camiones, máquinas retroexcavadoras y niveladoras, un hecho que se tradujo al interior de la comunidad en desmonte y destrucción de cercos tradicionales destinados a la siembra de maíz, zapallo y mandioca, alimento fundamental en la dieta de la comunidad.

En forma inmediata la comunidad se comunico con la empresa solicitando los estudios de impacto ambiental, social y cultural como también los relativos a la seguridad geodésica tratándose de una obra de tal magnitud.

La insistencia en el cumplimiento de dichos estudios fue y continúa siendo central en el reclamo del pueblo guaraní. Tal demanda se relaciona con la posibilidad de conocer, por un lado, los efectos que puede ocasionar la construcción del gasoducto en un corto, mediano y largo plazo sobre las prácticas y las formas de vida de los pobladores y, por el otro, las medidas necesarias para prevenirlos y mitigarlos. Se trata de un reclamo vinculado a la posibilidad de conocer la aptitud de las tierras para soportar los movimientos sísmicos propios de la zona

Por otra parte la comunidad solicitaba el resarcimiento económico por los daños causados en la traza del gasoducto. (Destrucción de cercos de cultivo, casas, árboles, etc.).