El Instituto Penal de las Fuerzas Armadas, que depende del Estado Mayor del Ejército, pasará a la órbita del Servicio Penitenciario Federal, según un convenio que firmaron hoy los ministros de Defensa, Nilda Garré, y de Justicia y Derechos Humanos, Alberto Iribarne. Según se informó en un comunicado, el convenio detalla que "las leyes de seguridad interior y de defensa nacional vedan en forma expresa la posibilidad de que las Fuerzas Armadas ejerzan tareas o funciones que la legislación nacional asigna expresamente al Servicio Penitenciario Federal dependiente del Ministerio de Justicia y otros agentes".

Por ello, se considera "conveniente y necesario traspasar las funciones operativas del Instituto Penal de las Fuerzas Armadas dependiente del Estado Mayor General del Ejercito ubicado en el predio de Campo de Mayo a la órbita y competencia del Servicio Penitenciario Federal".

De esta manera, el Servicio Penitenciario Federal, que depende del Ministerio de Justicia, tomará a su cargo "la custodia, guarda y seguridad, del Personal Militar que haya sido condenado o procesado por los tribunales o jueces militares u ordinarios".

Actualmente se encuentran alojados en el instituto 47 presos por disposición judicial acusados de graves violaciones a los derechos humanos; de los cuales 19 pertenecen a la Armada y 28 al Ejército, y todos están en situación de retiro.

Entre ellos, se encuentran Alfredo Astiz, Jorge Radice, Juan Carlos Rolón, Pablo Eduardo García Velasco, Jorge Eduardo Acosta, Raúl Enrique Scheller y Adolfo Miguel Donda. También están alojados en ese penal Antonio Pernías, Jorge Enrique Perren, Alberto Eduardo González, Néstor Omar Savio, Víctor Francisco Cardo, Hugo Enrique Damario, Carlos Guillermo Suárez Mason, Rogelio José Martínez Pizarro, Carlos José Pazo y Miguel Benazzi Berisso.

Según se informó en un comunicado, el organismo dictará el reglamento interno que se aplicará dentro del establecimiento penal, con lo cual quedará automáticamente derogado el reglamento de Instituto Penal de las Fuerzas Armadas.

En tanto, Defensa tendrá a su cargo "los proyectos, la construcción y el pago de ampliaciones, refacciones, gastos de mantenimiento y operativos del penal", así como el racionamiento, la asistencia médica y la provisión de medicamentos de los internos.

Finalmente, la Gendarmería Nacional continuará con la responsabilidad de mantener la seguridad exterior del establecimiento.