Pero no se habla de conflictos sobre derechos humanos en este artículo, se insiste en los ya conocidos crímenes de lesa humanidad y quienes los cometieron, criminales de la última dictadura militar en Argentina. Muchos de los cuales se ha probado que es de público conocimiento continúan libres.

El gobierno kirchnerista destacó la importancia de estos temas y su consecuencia a la larga fueron los llamados “desaparecidos en democracia”, el nombre que distintas asociaciones propusieron ante la desaparición de los testigos desprotegidos judicialmente en los juicios contra represores. A pesar de la situación políticamente delicada que atravesó la presidencia, en ese momento, de Néstor Kirchner, la contradicción se encuentra por otro lado.

Los juicios a los represores se dan lentamente cuando éstos son cercados por el estado argentino, y realmente son pocos. La explicación cuesta comprenderla ya que el gobierno actual se jacta de controlar permanentemente que siga su curso el proceso a los represores. La situación dista de ser la ideal, es una manera de responder ante la presión política de las Abuelas y la sociedad.

Sin embargo, en cuanto a los crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles, el Estado debe reparar en sentido jurídico los daños, que el mismo Estado causó en su momento, a los familiares de desaparecidos, sin olvidar a quienes son desaparecidos y aun no lo saben o sea el trabajo que realiza HIJOS.

>>>Crímenes argentinos, condena española

El caso del represor, Ricardo Miguel Cavallo, hallado prófugo en México en 2000 y que cuenta con un avanzado juicio en España es paradigmático. La justicia argentina y la española se debaten para juzgarlo en sus respectivos países.

Cavallo negó en todo momento haber participado en la represión por parte de militares, pero el prontuario del marino en la Policía Federal Argentina probó ante la justicia que el empresario y el represor eran la misma persona. “Miguel Ángel” Cavallo (como se hacía llamar) figuraba entre los marinos procesados e imputados por el juez español, Baltasar Garzón, que luego solicitaría su extradición a las autoridades mexicanas.

Se acusa al ex militar de la desaparición de 227 personas, varias implicaciones en el secuestro y torturas de otras 110 y la detención ilegal de 16 mujeres y de sus hijos. Más allá de los cambios de identidad, y las fugas no aclaradas por el represor cuando los medios mexicanos lo denunciaban en las tapas de los diarios y probaban sus delitos.

En una primera instancia, la cancillería mexicana de acuerdo con el artículo 18 del tratado de extradición vigente entre México y España otorgó su consentimiento para que Cavallo sea extraditado a Argentina, pero todavía falta que España acepte el trato.

El juez argentino, Luis Torres, que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), reclama a Cavallo para ser juzgado en el país.

>>>Podría quedar en libertad

Lo cierto es que la pena máxima que le esperaría en España al represor es de 30 años según el Código Penal del país. Suficiente para causar la indignación recurrente en cuanto a la ambigüedad que rodea a las leyes en la interpretación de estos tipos de crímenes. Sin embargo, en Argentina la pena podría ser menor.

El problema está planteado - y desde hace años - ya que el juicio en España todavía no comenzó porque la Audiencia Nacional resolvió en el 2006 que cuando hay “concurrencia de jurisdicciones es preferente el 'locus delicti' (el lugar donde se cometió el crimen)”. Por otra parte, el represor manifestó su preferencia por ser juzgado en Argentina donde, aclaran los organismos de derechos humanos, la pena sería mucho menor que en España porque en Argentina son menos los crímenes que le comprobaron. Sólo los cometidos en la ESMA. ¿Serán escuchadas también las peticiones del represor o España decidirá juzgarlo como país competente bajo el principio de jurisdicción universal ante los crímenes de lesa humanidad?

Mientras tanto la justicia evalúe y decida, los defensores del represor y de que el juicio sea anulado sostienen por escrito y avalados por vías legales, que “a la vista del tiempo que (Ricardo Cavallo) lleva sometido a prisión en nuestro país, el requerido de extradición -desde junio de 2003- venimos a instar la libertad provisional del mismo”.

¿Quiénes deben confiar más en la democracia que aquellos que interpretan las leyes para protegerla? Quizás, el Estado nacional que esté por detrás de ellas. En todo caso es cuestión de difusión para lograr el castigo pertinente y de comunicación para lograr la colaboración - mutua - de ambos países, si de lo que se trata es de buscar vías legales alternativas.