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31/10/07: SOCIEDAD.
Al General no necesitaban decirle cómo cuidar los trenes...
La justicia le exigió al Gobierno Nacional que en 30 días presente un plan de trabajo y un cronograma de obras que garanticen las condiciones de seguridad e higiene en las estaciones y trenes de la línea Roca.
Por: Martín Rodríguez Rocha / Fotos: Web.

Afiche de la época de la recuperación de los trenes.

A pesar de haberle rescindido el contrato de concesión a la empresa Metropolitano, del empresario Sergio Taselli, la situación del Ferrocarril Roca no ha mejorado.
La medida se había tomado cuando en la Estación Constitución, pasajeros enardecidos provocaron graves incidentes en protesta por la mala calidad del servicio. Ante ése escenario Kirchner decidió darle a la UGOFE (Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia), conformada por el Estado nacional Ferrovías, Metrovías y Trenes de Buenos Aires (TBA), el control del ramal.

Sin embargo nada cambió, y ante una presentación judicial del Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, los jueces jueces Bernardo Licht y Pedro Coviello, dictaminaron que a los 30 días de que quede firme la sentencia el Gobierno Nacional y la empresa Transportes Metropolitanos deberán presentar un plan de trabajo y un cronograma de obras que garanticen "las condiciones y presupuestos mínimos de seguridad e higiene en lo referente al estado general de las estaciones y formaciones".

En su decisión, los jueces apelaron al decreto presidencial Nº 591 por el cual se había rescindido la concesión con Metropolitano, que justificaba la medida en los graves incumplimientos "y reiterados en las obligaciones a cargo del concesionario" cuyas consecuencias son una "prestación del servicio deficiente que no cubre los requerimientos mínimos de prestación del servicio público y por ende un adecuado transporte de pasajeros".

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En el mismo fallo, los camaristas hicieron mención a la situación de las personas con movilidad reducida o limitada, que se ven imposibilitados de utilizar el servicio adecuadamente.

Sin embargo, la decisión no conformó a la Defensoría del Pueblo, ya que consideran que las reformas no se podrán aplicar el año que viene.

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