Nada puede disimular la crisis de las finanzas provinciales provocada por el uso electoralista del gobierno en el que Schiaretti fue ministro y vicegobernador.

El anuncio del incremento de la tasa de Ingresos Brutos por parte del Gobierno provincial es un ataque a la inversión, porque castiga a todo el encadenamiento del sector productivo y ahuyenta radicaciones en nuestra provincia. La voracidad fiscal de este “impuestazo distorsivo” demuestra el fracaso del populista modelo cordobés, basado en el aumento del gasto y en el endeudamiento irresponsable.

La crisis de insolvencia, que amenaza las finanzas provinciales, no soporta parches ni excusas. La mengua en la recepción de fondos nacionales denunciada debe corresponderse con la asunción de responsabilidades sobre las causas de semejante situación. El gobernador Juan Schiaretti debe sincerar la realidad de la “pesada herencia” de la gestión De la Sota, durante la cual se gestaron y potenciaron el gasto y el endeudamiento.

En Córdoba gobierna desde hace una década el Partido Justicialista, que contribuyó también con su base electoral a la victoria de la actual Presidenta. El señor gobernador debería explicar las razones por las cuales se agravó la dependencia con el Estado nacional y por qué, con similar estructura productiva, la provincia de Santa Fe no padece las mismas angustias.

Yo estuve junto a los intereses de Córdoba solicitando la sanción de una nueva ley de coparticipación federal, y en soledad impulsé la constitución de un fondo compensador para evitar el perjuicio que ocasiona la aplicación de retenciones en virtud de que éstas no son coparticipables, a diferencia del impuesto a las ganancias, que sí lo es.

Ninguno de los legisladores del partido del gobernador levantó la voz cuando a la presidenta Cristina Fernández la acompañaba la voluntad electoral. Lo que no puedo hacer ante el anuncio del gobernador es dejar de advertir sobre los efectos perniciosos de esta iniciativa y el doble discurso que se exhibe, al condenar, con razón, la exacción del Gobierno nacional en materia de retenciones y, al mismo tiempo, impulsar un gravamen que afecta a la producción, la industria, la construcción, los servicios y el comercio.

Nada puede disimular la crisis de las finanzas provinciales provocada por el uso electoralista del gobierno en el que Schiaretti fue ministro y vicegobernador. Quita credibilidad a su denuncia si como gobernador no dice toda la verdad, basamento de la gobernabilidad democrática donde cada ciudadano y cada sector deben conocer por qué se les priva su rentabilidad.

Si la causa del fracaso del modelo aplicado estuviera centrada sólo en decisiones externas a la provincia, el argumento del gobernador tendría valor. Por ello, no es correcto que aproveche la oportunidad y descargue en otros la ineludible responsabilidad de asumir lo que le atañe.